AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
Plaza de la Villa, 1 — 28791 Soto del Real (Madrid)
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Nombre y apellidos |
PABLO CARRETERO BERMEJO |
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D.N.I. / N.I.F. |
02514052Z |
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Domicilio |
Av Bertolez 35 – 28791 Soto del Real (Madrid) |
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Teléfono / Correo-e |
636799817 – pablocb@telefonica.net |
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En calidad de |
Vecinoiudadano/a interesado/a, con domicilio en el término municipal de Soto del Real |
EXPONE
Que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 52, de martes 3 de marzo de 2026 (referencia BOCM-20260303-68, Expte. 03/2.707/26), el Ayuntamiento de Soto del Real sometió a información pública, por un plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio, la aprobación provisional acordada por el Pleno de la Corporación en sesión de 29 de enero de 2026, de la:
ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO
(Expediente n.º 8038/2025)
Que habiendéxaminado el texto íntegro de la citada Ordenanza, disponible tanto en la Secretaría Municipal como en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://aytosotodelreal.sedelectronica.es/), y haciendo uso del derecho reconocido en el artículo 105.a) de la Constitución Española, en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), y en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo legalmente establecido, formula las siguientes:
A L E G A C I O N E S
Primera. — Discrepancia sistemática entre el Índice y el texto articulado en el Título XV (Régimen sancionador). Infracción del principio de seguridad jurídica.
La Ordenanza adolece de una incongruencia formal de especial gravedad en su estructura interna: existe un desajuste numérico sistemático de cuatro unidades entre los números de artículo que figuran en el Índice del documento y la numeración real del cuerpo articulado correspondiente al Título XV («Régimen sancionador»).
Concretamente, el Índice enumera las siguientes correspondencias que no se verifican en el texto:
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Materia |
N.º Art. en el Índice |
N.º Art. real en el cuerpo |
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Régimen jurídico (procedimiento sancionador) |
Art. 73 |
Art. 69 |
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Medidas cautelares |
Art. 75 |
Art. 71 |
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Reparación de daños |
Art. 76 |
Art. 72 |
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Procedimiento |
Art. 77 |
Art. 73 |
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Denuncias ciudadanas |
Art. 78 |
Art. 74 |
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Infracciones muy graves |
Art. 86 |
Art. 82 |
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Infracciones graves |
Art. 87 |
Art. 83 |
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Infracciones leves |
Art. 88 |
Art. 84 |
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Competencia |
Art. 89 |
Art. 85 |
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Concurrencia de sanciones |
Art. 90 |
Art. 86 |
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Reducción por pronto pago |
Art. 91 |
Art. 87 |
Esta discordancia vulnera el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española y desarrollado, en el ámbito de la potestad reglamentaria municipal, por el artículo 25.1 CE y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, STS de 29 de enero de 2014, rec. 2318/2011) que exige que las normas sancionadoras sean claras, precisas e inequívocas. Un régimen sancionador con discordancia entre el Índice y el articulado puede inducir a error tanto al ciudadano que consulta la norma como a los propios agentes encargados de aplicarla, con el consiguiente riesgo de indefensión (art. 24 CE).
Segunda. — Saltos numéricos en el listado de infracciones. Quiebra del principio de tipicidad (art. 25.1 CE).
En directa relación con lo anterior, el listado de infracciones muy graves (art. 82 del cuerpo normativo) y el listado de infracciones graves (art. 83) presentan sendas lagunas numéricas que afectan a la integridad y completitud del catálogo tipificador:
2.1. En el artículo 82 (infracciones muy graves):
La enumeración de conductas muy graves salta directamente del apartado 17 al apartado 19, omitiendo el apartado 18. Al mismo tiempo, el ap. 19 aparece duplicado (se enumeran dos conductas distintas bajo el mismo ordinal 19). Este error material implica que una de las dos conductas tipificadas carezca de numeración propia, lo que puede generar nulidad de la tipificación afectada por vulneración del principio de taxatividad inherente al artículo 25.1 CE.
2.2. En el artículo 83 (infracciones graves):
El listado de infracciones graves salta del apartado 9 al apartado 11, omitiendo el apartado 10. La ausencia de este número produce el mismo efecto de incertidumbre tipificadora señalado en el apartado anterior.
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Fundamento jurídico: El Tribunal Constitucional ha reiterado (SSTC 61/1990, 116/1993, 242/2005) que el principio de legalidad sancionadora exige una tipificación de las infracciones con la suficiente precisión y certeza para que los ciudadanos puedan conocer de antemano qué conductas son sancionables. Una norma con saltos numéricos y duplicidades en el catálogo infractor no satisface este estándar constitucional. |
Tercera. — Remisión errónea a precepto inexistente en materia acústica. Infracción del principio de jerarquía normativa y de la Ley 37/2003 del Ruido.
El artículo 48 de la Ordenanza, bajo la rúbrica «Ruidos generados por trabajos en vía pública, obras públicas o edificaciones», establece en su apartado 1.b):
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«Se adoptarán las medidas oportunas para evitar que se superen los valores límite de emisión fijados en el artículo 66 de la presente Ordenanza.» |
Sin embargo, el artículo 66 del texto articulado tiene por objeto la «Revocación de la autorización» de carteles publicitarios o anuncios en fachadas de edificios, sin contener en ningún momento los valores límite de emisión acústica que el art. 48 pretende invocar.
Esta remisión a un precepto inexistente o erróneo genera los siguientes efectos jurídicos adversos:
— Imposibilita la aplicación efectiva del régimen de control acústico en obras y trabajos en la vía pública, al carecer los operadores y la Policía Local de un parámetro normativo preciso al que remitirse.
— Vulnera el mandato de concretar los niveles de emisión sonora contenido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, cuya aplicación queda así materialmente inaplicada en este ámbito.
— Genera indefensión para los ciudadanos que no disponen de una norma de referencia clara y accesible para conocer los límites sonoros aplicables.
Se solicita que se corrija la referencia indicando el artículo correcto o, en su defecto, que se incorpore directamente en el artículo 48 la tabla de valores límite aplicables conforme al Real Decreto 1367/2007.
Cuarta. — Tipificación del ejercicio de la prostitución como infracción grave. Eventual exceso de la potestad sancionadora municipal y colisión con el orden constitucional.
El artículo 83.1 de la Ordenanza tipifica como infracción grave:
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«1. El ejercicio de la prostitución, o cualquier acto que la encubra, dentro del término municipal de Soto del Real.» |
Esta tipificación suscita serias dudas de legalidad y constitucionalidad por las siguientes razones:
4.1. Ausencia de cobertura legal estatal suficiente:
El artículo 25.1 CE exige, en materia sancionadora, que la tipificación de infracciones y sanciones se realice mediante Ley o, en virtud de ella, mediante reglamento. La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (en su art. 37.7), permite a los ayuntamientos sancionar el ofrecimiento o demanda de servicios sexuales retribuidos cuando se realice «en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a uso escolar», pero no otorga habilitación genérica para prohibir el ejercicio de la prostitución en todo el término municipal.
4.2. El ejercicio de la prostitución entre adultos y con consentimiento no está tipificado como delito en el Código Penal español:
La ausencia de prohibición penal supone que la actividad se halla en un espacio de libertad constitucionalmente tutelado. La prohibición mediante ordenanza municipal sin cobertura legal explícita y suficiente puede colisionar con los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17 CE), a la intimidad (art. 18.1 CE) y al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE).
4.3. Riesgo de vulneración del principio de proporcionalidad:
La tipificación como infracción grave, con multa de hasta 1.500 euros y posibilidad de suspensión de actividad, resulta desproporcionada en relación con la habilitación municipal disponible, pudiendo comprometer la validez del precepto si fuera impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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Jurisprudencia de referencia: El Tribunal Supremo (STS de 14 de febrero de 2013, rec. 6673/2011 y STS de 25 de enero de 2016, rec. 2257/2014) ha delimitado el alcance de la potestad sancionadora municipal en materia de orden público, exigiendo habilitación legal explícita para conductas que afectan a derechos fundamentales. La prohibición absoluta en todo el término municipal supera el umbral de lo que la LBRL habilita. |
Se solicita la supresión de este apartado o, subsidiariamente, su sustitución por una redacción ajustada a la habilitación que otorga el art. 37.7 de la LO 4/2015, limitando la prohibición a supuestos concretos con cobertura legal explícita (proximidad de centros escolares, etc.).
Quinta. — Inadecuada ubicación sistemática del artículo 32 (consumo de bebidas alcohólicas en vía pública).
El artículo 32 de la Ordenanza regula el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, materia que por su naturaleza pertenece al ámbito de la convivencia y el orden público. Sin embargo, dicho precepto se sitúa dentro del Título VI, rubricado «Normas sobre la limpieza de espacios públicos», cuyo objeto es exclusivamente la regulación de la higiene y la gestión de residuos en el espacio urbano.
Esta ubicación sistemática es disfuncional por cuanto:
— El artículo 32 no regula ninguna obligación o prohibición relacionada con la limpieza, sino con la convivencia ciudadana y la seguridad en los espacios públicos.
— Su inserción en el Título VI dificulta su localización por el ciudadano que consulte la norma buscando las reglas de comportamiento en la vía pública.
— El Título V («Las normas de convivencia y el cuidado de la vía pública») o el Título IV («Derechos y obligaciones ciudadanas») constituirían la sede sistemática adecuada para esta regulación.
Se solicita que, con ocasión de la aprobación definitiva o de cualquier modificación ulterior, se reubique el artículo 32 en el Título V de la Ordenanza.
Sexta. — Asimetría entre la cuantía del daño constitutivo de infracción muy grave y el máximo sancionable. Insuficiencia del régimen resarcitorio.
El artículo 82.3 de la Ordenanza define como infracción muy grave el deterioro grave de equipamientos o espacios públicos cuando su valoración exceda de 3.000 euros. Por su parte, el artículo 80 fija como sanción máxima para las infracciones muy graves la multa de 3.000 euros.
Esta coincidencia numérica genera una asimetría estructural: un infractor que cause daños por valor de 10.000, 50.000 o 100.000 euros será sancionado con la misma multa máxima que quien cause daños de 3.001 euros. La norma no establece ningún mecanismo expreso de modulación en función de la cuantía real del daño más allá de la genotípica referencia a los factores de graduación del artículo 79.
Si bien el artículo 72 de la Ordenanza contempla la obligación de reparación e indemnización independiente de la sanción, se echa en falta una regla explícita que vincule el importe de la multa coercitiva (art. 72.2) a la cuantía real del perjuicio cuando ésta supere el máximo sancionable.
Se solicita que se introduzca un mecanismo de modulación expreso o que se eleve el umbral máximo de las multas coercitivas vinculado al valor real del daño causado, en los términos que permita la legislación sectorial aplicable.
P E T I C I Ó N
En virtud de todo lo expuesto, al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Soto del Real
S O L I C I T A:
1. Que se tenga por presentado el presente escrito en tiempo y forma, dentro del plazo de información pública abierto por el anuncio publicado en el BOCM núm. 52, de 3 de marzo de 2026, y se admitan a trámite las alegaciones formuladas.
2. Que, antes de proceder a la aprobación definitiva de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Civismo, se subsanen los defectos formales identificados en las alegaciones Primera y Segunda, corrigiendo la discordancia numérica entre el Índice y el cuerpo articulado del Título XV, y eliminando los saltos numéricos en los artículos 82 y 83.
3. Que se corrija la referencia errónea al «Artículo 66» contenida en el artículo 48 de la Ordenanza, sustituyéndola por la remisión correcta o incorporando directamente los valores límite acústicos aplicables conforme al Real Decreto 1367/2007.
4. Que se revise el artículo 83.1 en lo relativo a la tipificación del ejercicio de la prostitución como infracción grave, a fin de adecuarlo a la habilitación legal disponible y evitar su posible nulidad en vía contencioso-administrativa.
5. Que se valore, con carácter subsidiario y para su incorporación en la primera modificación de la norma, la reubicación del artículo 32 (consumo de bebidas alcohólicas) en el Título V de la Ordenanza, y la introducción de un mecanismo de modulación de las multas coercitivas vinculado a la cuantía real del daño.
Es cuanto se expone y solicita, con el ánimo de contribuir a la mejora de la calidad normativa del Ayuntamiento de Soto del Real y en defensa del interés general de los vecinos del municipio.
En Soto del Real, a 20 de marzo de 2026.
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Fdo.: Pablo Carretero Bermejo
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DATOS DE PRESENTACIÓN
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Dirigido a |
Plazo máximo de presentación |
Referencia BOCM |
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Pleno del Ayuntamiento de Soto del Real — Secretaría Municipal |
14 de abril de 2026 (30 días hábiles desde el 4 de marzo de 2026) |
BOCM-20260303-68 — Núm. 52, de 3 de marzo de 2026 |
El escrito puede presentarse: (a) en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Soto del Real (Plaza de la Villa, 1 — 28791 Soto del Real), en horario de oficina; (b) a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://aytosotodelreal.sedelectronica.es/); o (c) por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (Registro administrativo, Correos, etc.).